La Unión Europea pone límites a la especulación con alimentos

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La Unión Europea pone límites a la especulación con alimentos

El pasado martes, el Parlamento europeo y la Presidencia rotatoria griega de la Unión Europea (UE) llegaban a un acuerdo para reformar la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), que regula los servicios financieros en los mercados de la Unión. Los acuerdos contemplan límites en la especulación con materias primas por parte de los inversores, lo que ha sido recibido como una victoria por parte de las organizaciones ecologistas que hace años que reclaman que se ponga coto a la especulación alimentaria.

“Por primera vez, la UE regulará las materias primas para evitar la especulación con los alimentos, que tiene efectos devastadores sobre los países pobres“, afirmó en la eurodiputada británica Arlene McCarthy, vicepresidenta del Comité de Asuntos Económicos del PE. El acuerdo contempla “duras sanciones” para las firmas de inversión que incumplan la normativa, explicó, aunque sin detallarlas, McCarthy.

La campaña Banca Bajo Control, impulsada por VSF Justicia Alimentaria Global, lleva años reclamando límites a la especulación con alimentos básicos para la alimentación humana. La ONG ha señalado e interpelado a algunas de las entidades financieras que ofertan fondos de inversión ligados al precio de alimentos básicos, como el fondo BS Commodities FI del Banco Sabadell, ligado en parte al precio de la soja, el trigo y el maíz; o el Deposito 100% Natural de Catalunya Caixa –ya retirado-, cuya rentabilidad estaba relacionada con la cotización del azúcar, el maíz y el café.

El acuerdo político alcanzado en Europa, señala VSF Justicia Alimentaria Global, “da la razón a las cientos de organizaciones que llevan años denunciando que la especulación alimentaria tiene un impacto directo en la volatilidad de los precios agrícolas, en las subidas de los precios de los alimentos y, por tanto, en la crisis del hambre global”.

El propio relator especial de la ONU Olivier de Schutter señaló en un informe publicado en el 2010 sobre el derecho a la alimentación que una parte importante del incremento de los precios alimentarios y su volatilidad sólo puede ser explicada por la aparición de la burbuja especulativa. Una burbuja, alertó el director de la ONG Javier Guzmán en una comparecencia en el Parlament de Catalunya, que desde el 2008 está creciendo por la fuga de capitales del sector inmobiliario hacia el mercado de alimentos.

Numerosas entidades bancarias europeas, como el segundo banco alemán Commerzbank, el Danés Nordea, la entidad austriaca Volksbanken AG, o incluso Barclays Bank han ido abandonando la comercialización de fondos de inversión ligados a los alimentos por la presión de las entidades ecologistas. Sin embargo, aun son muchos los productos financieros ofertados ligados a alimentos básicos. Mediante la acumulación de stocks de alimentos, las entidades logran que suba el precio de estos garantizando una mayor rentabilidad, pero provocando también que se reduzca el número de personas que pueden adquirirlos.

Los estados dictarán las normas

El acuerdo alcanzado en la UE debe permitir limitar este tipo de operaciones financieras, si bien VSF Justicia Alimentaria Global lamenta que “la presión de algunos estados miembros” ha provocado que finalmente sean los estados quienes establezcan estos límites, no una normativa europea común. Ello, denuncia, “implica un riesgo evidente de que los países jueguen a la baja, estableciendo límites permisivos que en la práctica pueden hacer que la reforma acabe siendo ineficaz”.

En el caso de España, la organización recuerda al Gobierno que ya se comprometió a regular esta materia en unaproposición no de ley aprobada en el Congreso en abril de 2012, que instaba a “impulsar las medidas necesarias para evitar los movimientos de carácter exclusivamente especulativo”. Otras administraciones, como el Parlament de Catalunya, han firmado resoluciones instando al Gobierno a prohibir la especulación alimentaria. Por lo tanto, afirma la ONG, el Gobierno “tiene la obligación de cumplir con la normativa que dicta la UE sin jugar a la baja y no doblarse bajo la presión de los lobbies bancarios del país”, si bien, recuerda la organización ecologista, “a día de hoy, el Gobierno no ha dado ni un solo paso en este sentido”.

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