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En el Reino Unido, un proyecto de ley plantea entregarle poderes a los ayuntamientos y autoridades municipales, para prohibir las protestas si incomodan a los vecinos. Activistas critican que esta ley pone en peligro la democracia.

Manifestaciones pacíficas podrían ser prohibidas por los ayuntamientos británicos, bajo el pretexto de que puedan causar molestia o incomodidad a los residentes de la zona.

Las autoridades municipales podrían recibir este amplio poder a través de la nueva “Ley de conducta antisocial, crimen y patrullaje policial”, que actualmente está siendo debatida en el Parlamento.

Mark Bergfeld es un activista anti austeridad también involucrado en el movimiento estudiantil.

Si esta ley es aprobada, los ayuntamientos podrían prohibir protestas como la que se inició aquí en la Catedral de San Pablo en octubre de 2011, la del movimiento Ocupa Londres, una protesta que estuvo impulsada por la desigualdad económica y la influencia de corporaciones sobre el gobierno.

El Reino Unido tiene una tradición de activismo en la calle, que últimamente ha visto su cúspide con las protestas estudiantiles, las de sindicatos, las de maestros y empleados del sector salud y las del movimiento anti-austeridad.

Muchos creen que a través de esta ley el gobierno buscará aspaciguar las crecientes expresiones de descontento en la calle.

El Ministerio del Interior dice que esta ley tiene el objetivo de proteger los espacios públicos, y rescatar lo que llaman “zonas prohibidas” donde se presentan problemas de conducta antisocial.

Pero para muchos esto no tiene nada que ver con el derecho a la protesta que podría verse coartado a través de esta ley.

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