El oligopolio eléctrico, el mismo recibió como regalo del franquismo la explotación de las presas y la energia hidroelectrica, ha colocado a España como uno de los países europeos con la electricidad más cara. La organización de consumidores Facua ya alertaba el pasado 5 de septiembre sobre el impresionante aumento del coste de la electricidad.

El precio medio de la energía aumentaba un 23,8% en los últimos 12 meses. FACUA critica un modelo tarifario del Gobierno de Rajoy, “un sistema opaco que favorece la especulación” y “facilita a las compañías nuevas subidas injustificadas”.

Pero nada de esto es inevitable. En un artículo publicado en el Blog El Salto se recuerda que las concesiones del franquismo a las hidroeléctricas de las compañías del sector en las décadas de los 30, 40 y 50 están caducando en cadena, una tendencia que continuará en los próximos años.

En el mismo articulo se destaca que la energía hidroeléctrica en España tiene una potencia instalada de 20.331 megawatios de los 104.517 del parque total estatal, de 800 centrales, lo que la convierte en una pieza clave del mercado que cubre en torno al 15% de la demanda de energía eléctrica.

La práctica totalidad de los saltos de agua están gestionados por las grandes eléctricas en régimen de concesión, asignaciones a 75 años, según establece la ley de Aguas. Iberdrola es el actor más importante, ya que actualmente gestiona la mitad de la potencia hidroeléctrica estatal.

La misma ley expone que “al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento”. Ese momento ya está aquí.

Lo fundamental ahora es conocer la posición del Gobierno respecto a qué hacer con estos embalses aún no es clara. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) señalan a El Salto que la ministra Teresa Ribera comparecerá en el Congreso este miércoles y desvelará algunas dudas al respecto. “No hay nada decidido, es un asunto sobre el que se está trabajando ahora y el Gobierno lleva tres meses escasos”, indican.

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