La UDEF registra la sede de Divalterra, la misma empresa pública en la que estalló el caso Taula. Entre los detenidos está la cogerente de la empresa designada por Compromís

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este miércoles al presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, por participar presuntamente en una trama de contratación irregular que tenía como epicentro la empresa pública Divalterra, dependiente de la misma institución. El dispositivo, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y bautizado como operación Alquería, investiga la presunta colocación a dedo de directivos y altos cargos en la mercantil pese a los informes en contra de los servicios jurídicos de la corporación.

Los agentes están registrando la sede del ente público, el Palau de Batlia de la Diputación y el Ayuntamiento de Ontinyent (Onteniente), del que es alcalde Rodríguez, uno de los nuevos referentes del PSOE en la Comunidad Valenciana. Los investigadores también han entrado en domicilios de los implicados. Además de Rodríguez, han sido detenidas otras cinco personas, tres de ellas vinculadas con Divalterra y las dos restantes con la Diputación, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso. Se trata, en concreto, del jefe de gabinete Ricard Gallego; de los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines, de Compromís, y Xavier Simón; Manuel Reguart, asesor y persona de confianza de Rodríguez; Jorge A. Cuerda, letrado de la corporación. A todos ellos se les imputan delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en una investigación declarada por ahora secreta.

La cogerente de Divalterra, Agustina Brines, de Compromís también figura entre los detenidos de la operación Alquería

Junto a a efectivos de la UDEF desplazados desde Madrid participan en el operativo agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia. La política de contratación de Divalterra había sido denuncian ante los fiscales del grupo popular en la corporación en 2017. También personal vinculado a la empresa había trasladado posibles irregularidades. No obstante, el caso tomó forma en mayo de este año tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que instruye el juzgado número 9 de Valencia. Los populares habían presentado varias denuncias relativas contrataciones en la empresa pública, pero el despliegue de la UDEF, los registros más allá de la propia empresa pública, incluida la vivienda del barón provincial, indica que los fiscales han ensanchado el radio de las pesquisas. Ninguna de las personas denunciadas por el PP están, por ahora, en la lista de arrestados en la ‘operación Alqueria’.

Anticorrupción sí sumó a sus investigaciones una segunda denuncia presentada por el grupo de Ciudadanos en la diputación por la contratación personas vinculadas a PSOE y Compromís. Entre ellas figuran los dos cogerentes de la empresa pública, siete directores de área (tres militantes del PSOE y cuatro de Compromís) y otros dos directivos. La formación naranja cifrño en 2,5 millones el coste de estos contratos fraudulentos para las arcas públicas. El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha reclamado la dimisión de Rodríguez y ha pedido explicaciones a Ximo Puig.

Sería el primer gran caso de corrupción que afecta a una de la instituciones del cambio político que se produjo en las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Rodríguez, portavoz de la ejecutiva del PSPV-PSOE decisión de Ximo Puig, alcanzó la presidencia de la Diputación de Valencia con el respaldo de Compromís con la tarea de poner en orden en Imelsa, ahora rebautizada como Divalterra, entonces en el ojo del huracán del caso Taula y cuartel general de Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonqui del dinero’. La operación policial revela ahora la existencia de posibles nuevas irregularidades.

La operación causó conmoción en el PSOE, que trasladó de forma oficiosa que el propio Rodríguez revocó los nombramientos considerados irregulares por los servicios jurídicos y mostraron su extrañeza por que un asunto “procedimental” haya derivado en una causa penal. De momento, los socialistas no se plantean exigir al presidente de la corporación provincial la renuncia y se atienen al código ético que contempla la exigencia de dimisión en caso de apertura de juicio oral.

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