Reclaman una subida en inversiones en I+D+i para evitar el «cataclismo» y parálisis de las investigaciones

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Cien directores de centros pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han emitido una carta destinada a la secretaría de Estado de I+D+i. En ella catalogan la situación del organismo de «insostenible», resultado de lo que califican como una política austera y restrictiva.

Esta misiva, firmada por cien responsables de institutos de los 126 que conforman el CSIC y que va dirigida a Carmen Vela, llega una semana después de que su presidente, Emilio Lora-Tamayo, reclamase un presupuesto de 100 millones de euros, 75 millones más que el aprobado por el Gobierno.

Los firmantes aseguran que de no cumplirse lo que solicitan, sería imposible evitar un «cataclismo» en el órgano además de recalcar que hasta ahora no les alcanza para «llegar a fin de año, ni incluso priorizando gastos» y «en algunos casos ni siquiera para cumplir con las obligaciones de contratos de personal ocn cargo a proyectos».

«Esto va a provocar la paralización gradual de la actividad investigadora de los centros a partir de finales de este mes de julio, al no poder asumir los institutos los gastos derivados de los proyectos que se encuentran en estos momentos en marcha», afirman.

Aseguran, asimismo, que la situación se alarma a la hora de hablar de centros -propios del CSIC- con «un funcionamiento escaso», han tenido que tradicionalmente depender de los costes indirectos de los proyectos para poder costear las facturas de electricidad, gas, teléfono y otras partidas.

«Dado que los institutos no vamos a poder disponer de estos costes indirectos, la parálisis de los proyectos de investigación vendrá acompañada por el cierre físico de las instalaciones, al no poder asegurar el pago de las facturas anteriormente mencionadas», adelantan en la misiva a la que ha tenido acceso Efe.

Siguiendo esta línea, han mostrado con «profunda preocupación y tristeza la imposibilidad de mantener los compromisos científicos» que se les presupone al personal a causa de «las partidas presupuestarias existentes emanadas de los ajustes contables».

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