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El Gobierno de Australia prevé retirar la polémica iniciativa legislativa que forzaría a las empresas de telefonía e Internet a archivar los datos de llamadas telefónicas y correos electrónicos de sus usuarios durante dos años; hecho que facilitaría que las autoridades accedan a datos privados.
“El Gobierno no intentará conseguir un régimen de conservación obligatoria de los datos en este momento”, ha anunciado este lunes el fiscal general del Estado, Mark Dreyfus Dreyfus, además de informar de que este proyecto de ley entrará en trámite después de las elecciones legislativas del 14 de septiembre.

Los mismos miembros del Parlamento australiano cuestionan el objetivo de la nueva ley, argumentando que esta medida pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos.

En otras palabras, los funcionarios australianos rechazan la salvaguarda de los datos sobre los sitios de Internet que visitan los clientes, al tiempo que exigen una mayor supervisión de las agencias gubernamentales a los datos de telecomunicaciones.

La oposición conservadora ha expresado desconfianza hacia los pinchazos telefónicos después de que un exempleado de la CIA Edward Snowden, hubiera revelado un programa secreto de vigilancia y espionaje, realizado a nivel mundial y también prácticamente a todos los ciudadanos estadounidenses.

El Partido de Los Verdes se ha preocupado de la conservación de datos telefónicos y de Internet de los ciudadanos australianos. “El informe no apoya la retención de datos y condena el secretismo con el que plantea la cuestión el Gobierno”, ha explicado un portavoz ecologista, Scott Ludlum.

En concreto, el informe denuncia que varias organizaciones gubernamentales ejecutaron un total de 293.501 peticiones de información a las compañías de telecomunicaciones en 2011 y 2012 sin ningún tipo de orden judicial que las respaldara.

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