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La apuesta del Gobierno por la unión bancaria, a la que Mariano Rajoy se agarra para evitar tener que acudir a un segundo rescate de la banca, choca con un enemigo formidable: la Alemania de Angela Merkel, que mantiene una posición radicalmente contraria a la de nuestro país en este tema. La postura germana en el Eurogrupo de este jueves y el Ecofin del viernes -ambos en Luxemburgo- pretende que los Estados nacionales corran con parte del coste de los futuros rescates y que los depósitos de más de 100.000 euros asuman pérdidas en igualdad de condiciones con la deuda senior. Y lo que puede ser peor todavía para España: no quiere que la recapitalización directa de las entidades en apuros entre en vigor antes de que haya un mecanismo europeo de resolución y un fondo de garantía de depósitos unificado, algo que no sucederá al menos hasta dentro de dos años.

El Ejecutivo español ha sido uno de los más activos defensores de la unión bancaria para que, a partir de ahora, los rescates vayan directamente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a las entidades sin pasar por los Estados… y sin computar como deuda pública (ni como déficit las pérdidas de esas inyecciones). Esta es la opción preferida a tener que utilizar una parte mayor de los 100.000 millones del rescate, si los nuevos test de estrés detectan un nuevo déficit de capital en el sistemao si se vuelven a cerrar los mercados, por las nuevas condiciones que nos impondría la troika. Es más, nuestro país pretendía que esta recapitalización directa fuera retroactiva, para poder incluir en ella los 41.000 millones dispuestos hasta la fecha.
Pero ya desde el principio Alemania mostró grandes reticencias a esta unión, en especial a esa recapitalización directa en la que, lógicamente, se va a llevar la peor parte al ser el principal contribuyente de la UE. En junio del año pasado aceptó su creación, pero la supeditó a la puesta en marcha de la supervisión única, que tendrá lugar en verano de 2014 y es en lo único en lo que todo el mundo está de acuerdo. Ahora ha cambiado esa condición, según dijo el martes Luis de Guindos, y la vincula a que estén en marcha el mecanismo de resolución (finales de 2014 en el escenario más optimista) y el fondo de garantía de depósitos, para el que no hay ni siquiera una propuesta y puede demorarse entre dos y tres años. Eso, si no hace falta cambiar el Tratado de la UE, en cuyo caso nos iríamos a cinco.
Un escenario desastroso para Rajoy, pero que lo puede ser mucho más si Merkel impone su criterio en otras dos grandes cuestiones, según explicó ayer el vicepresidente del Banco Santander, Matías Rodriguez Inciarte, en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo y la Apie en Santander. Por un lado, el Gobierno alemán pretende que la recapitalización directa no exima a los Estados de asumir parte de la carga del rescate; es decir, que el MEDE no ponga todo el dinero, sino que una parte salga de la deuda pública nacional (y las pérdidas computen como déficit).
Los depósitos asumirán pérdidas
Por otro lado, está la espinosa cuestión de que los depósitos asuman pérdidas en caso de rescate de un banco, algo que han intentado evitar por todos los medios tanto Rajoy como Guindos en los últimos encuentros europeos. Sin embargo, estos intentos han fracasado, según Inciarte y otras fuentes del sector. “Que los depósitos van a tener que asumir pérdidas es seguro; el debate ya no es ese, sino la cuestión de la prelación”, según una de estas fuentes. Esta cuestión consiste en “si es preferible que los depósitos pierdan pari passu con la deuda senior, siempre después del capital y las preferentes, o si debe haber una prelación por el que los depósitos no sufran quitas hasta que no las hayan sufrido los bonos”, en palabras de Inciarte.
Esta cuestión es muy importante para un país de banca retail como el nuestro, y más todavía después de las fuertes quitas sufridas por las preferentes y la deuda subordinada de las entidades rescatadas. Estamos hablando siempre de los depósitos de más de 100.000 euros; los inferiores estarán totalmente garantizados después de la tormenta que se originó en el rescate de Chipre. Se trata, por tanto, de depósitos corporativos en su mayoría, pero aun así se trata de una cuestión muy grave que puede tener consecuencias catastróficas para la confianza de clientes e inversores en la banca. Claro que las pérdidas para los tenedores de deuda tampoco son plato de gusto para el Gobierno.
Un tercer punto de fricción entre España y Alemania, aunque menos importante, esquién controlará la autoridad de resolución: si la Comisión Europea (postura española) o será un órgano intergubernamental que podrán manejar los Estados más poderosos (postura alemana).
Guindos se pone la venda antes que la herida
Ante este oscuro panorama, España está buscando la complicidad de otros socios comunitarios con nuestras posiciones. Y, según las fuentes consultadas, la estamos encontrando: los países del Sur nos apoyan, incluyendo Francia e Italia -que son en los que nos apoyamos para sacar adelante la unión bancaria hace un año-, y algunos aliados tradicionales de Alemania, como Holanda, se están replanteando su postura. Y la Comisión Europea también es partidaria de tener un mayor protagonismo frente a los Estados y de avanzar lo más rápidamente posible. La cuestión es si será suficiente para doblegar algunas de las exigencias germanas.
Por lo que pueda pasar, De Guindos ha empezado a ponerse la venda antes de la herida. En el mismo foro de Santander, el martes quitó importancia a la recapitalización directa de las entidades, el gran objetivo hasta ahora del Ejecutivo: “La recapitalización directa es muy importante para Irlanda, pero mucho menos para España. Su relevancia no se refiere a la situación de los bancos, sino a la señal global que lanza de compromiso con la unión bancaria”.
Y no sólo eso, sino que añadió que el FROB tiene recursos más que suficientes(10.000 millones) para hacer frente a una eventual necesidad de nuevas inyecciones de dinero público en las entidades como consecuencia de las nuevas provisiones de los créditos refinanciados; inyecciones que cifra como mucho en 2.000 millones. Y si los nuevos test de estrés encuentran unas necesidades superiores a los 10.000 millones, tampoco sería necesario pedirlos al MEDE pese a sus “ventajosas comisiones”, por la gran capacidad de acceso a los mercados de que goza el Tesoro en comparación con la de hace un año.
elconfidencial
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