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El actual líder del régimen, Xi Jinping, lanzó una campaña anti-corrupción, pero hoy están tras las rejas quienes le tomaron la palabra.

Xi Jinping lanzó su plazo como líder del PCCh con una campaña de propaganda denunciando la corrupción en el Partido, y jurando acabar con los funcionarios que juegan con las reglas. Pero aquellos que le tomaron la palabra, por ejemplo, al organizar eventos para fomentar la divulgación de los activos de los funcionarios, ahora se encuentran bajo arresto, con grupos de derechos humanos pidiendo su liberación.

“Cuando el presidente Xi Jinping pide mano dura en contra de la corrupción es visto como una política innovadora, pero cuando otra persona dice lo mismo en público, el gobierno lo ve como un intento de desestabilización”, dijo Sophie Richardson, Directora de Human Rights Watch en China, en un comunicado de prensa el 9 de junio. “La lucha contra la corrupción y por el cumplimiento de la ley, en parte yace sobre el respeto por la libertad de expresión y la existencia de asambleas, no en la supresión de esos derechos”.

Desde fines de marzo más de una docena de activistas protestando contra la corrupción, y a favor de las reglas que estipulan que los funcionarios deben revelar sus activos, fueron detenidos, y diez fueron formalmente acusados y serán probablemente procesados y condenados, dijo Human Rights Watch.

Los esfuerzos contra la corrupción del presidente Xi Jinping fueron mayormente superficiales, desalentando la extravagancia y depurando algunos funcionarios de alto rango, pero los ciudadanos chinos esperan cambios más sustanciales.

Los activistas quieren que el PCCh apruebe una ley para hacer obligatoria la revelación de los activos de los funcionarios del Partido. El ex primer ministro Wen Jiabao instó a los funcionarios a que publiquen sus activos después que la vasta fortuna de su familia fuera publicada por enemigos políticos el último año, pero los otros miembros de la elite china ofrecieron como respuesta un apabullante silencio. Recientemente Liu Zhijun, el ex ministro de rieles, tuvo embargadas las 374 casas que acumuló durante su larga trayectoria de fraudes.

Forzar a los funcionarios a revelar sus activos impactaría justo en el corazón de la corrupción del Partido, ya que son dirigentes individuales los que usan su posición para construir imperios personales, acumulando bienes raíces, relojes, autos, y barras de oro, al mismo tiempo que mandan fortunas al extranjero en caso de que surjan problemas en casa.

Según Human Right Watch, un grupo de intelectuales redactó una carta pública en diciembre de 2012 pidiendo que los miembros del comité central del PCCh revelaran sus activos. La carta fue firmada por más de 7.000 personas.

Tres dirigentes retirados del PCCh sugirieron lo mismo en una carta enviada a la central del Partido a mediados de Febrero. Como los líderes del Partido no respondieron, los tres decidieron hacer pública la carta publicándola online el 17 de mayo.

En Beijing, algunos activistas fueron arrestados por sostener banners con slogans como “requerimos a los funcionarios revelar públicamente sus activos” y “a menos que terminemos con los funcionarios corruptos, ‘el sueño de China’ no va a poder hacerse real”, según la publicación de  Human Right Watch. El “sueño de China” es un concepto recientemente impulsado por el mismo Xi Jinping, luego de lo cual muchos ciudadanos fueron detenidos y acusados de reunirse en asambleas ilegales, igual que otros partidarios de la provincia de Jiangxi que fueron tomados bajo custodia.

Aunque la constitución china garantiza a sus ciudadanos el derecho a la asamblea, los requerimientos son tan restrictivos que en la práctica los individuos están impedidos de ejercer ese derecho. Se requiere la aprobación de la policía pero ésta es muy raramente emitida, sobre todo si la manifestación es crítica sobre el Partido Comunista Chino o sus políticas. El sólo solicitar su aprobación es riesgoso, ya que algunos son hostigados en incluso detenidos por hacerlo.

El Grupo de Abogados por la Conciencia de los Derechos Humanos, el Comité de Apoyo a los Abogados Chinos, Front Line Defenders, y la PEN Independiente China se unieron a Human Rights Watch en el pedido por la liberación de los activistas.

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