La manifestación contra la especulación con vivienda pública en Madrid finaliza con una detenida (VÍDEO)

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La manifestación contra la especulación con vivienda pública en Madrid finaliza con una detenida

La manifestación contra la especulación con vivienda pública en Madrid, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) con el apoyo de varias organizaciones, entre las que se encuentra el sindicato CCOO, ha finalizado con una detenida y dos personas más retenidas

La primera, Mercedes, ha sido detenida cuando, al parecer, ha intentado cruzar el cordón policial impuesto por las fuerzas del orden en la calle Raimundo Fernández de Villaverde, mientras que las otras dos personas, Felicidad Velázquez y Manuel San Pastor, han sido retenidas en Moratalaz cuando se dirigían a asistir a Mercedes.

Tal como cuenta Alejandra, abogada de la PAH, cuando Velázquez ha bajado del coche junto a la Comisaría de Moratalaz, donde se encontraba un grupo de gente esperando a que saliese la detenida, agentes de la Policía Nacional se han dirigido a ella directamente para pedirle la documentación y posteriormente la han introducido en la comisaría al no llevar ésta el DNI. Manuel San Pastor, letrado también de la organización, ha pedido en ese momento explicaciones a los agentes, lo que ha provocado que también fuese retenido. Según Alejandra, “en principio han sido retenidos a efectos de identificación, pero ya han sido identificados (a las 15,30 horas), con lo que es claramente una retención ilegal”.

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La manifestación ha partido a las 12 horas de la glorieta de Cuatro Caminos y ha transcurrido sin incidentes hasta la llegada a la calle Raimundo Fernández de Villaverde bajo una intensa lluvia con la asistencia de medio millar de personas. Tras cruzar las calles Santa Engracia y Maudes, la comitiva ha cortado Raimundo Fernández de Villaverde para entrar en la calle Orense. Ha sido en la confluencia de estas dos calles cuando efectivos de la Policía Nacional han detenido a Mercedes, tras lo cual se ha producido algún forcejeo entre agentes y manifestantes, que se han indignado con la detención. Tras estos hechos, el gentío ha llegado a la calle Basílica, donde se encuentra la sede del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) y final del recorrido, donde se ha desconvocado la cita. Decenas de personas se han dirigido entonces a la Comisaría de Moratalaz para apoyar a Mercedes, lugar donde han tenido lugar las dos retenciones.

La PAH de Madrid acusa al IVIMA y al Gobierno regional de hacer un “negocio redondo” con la venta de 3.000 viviendas de titularidad pública al grupo de banca de inversión internacional Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria Azora, que según la organización “adquirieron por 201 millones de euros 32 promociones de viviendas de 11 municipios de la Comunidad”. Para ello, la Administración regional modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública en julio de 2013. Además, desde la PAH de Madrid acusan a la Comunidad de vender los inmuebles por debajo del precio de construcción en Móstoles, Leganés y Tielmes.

Los adjudicatarios de estas promociones del IVIMA, integradas en el Plan Joven de Vivienda de Madrid pagaban un alquiler social de entre 300 y 500 euros, explican desde la PAH de Madrid, con derecho a compra en condiciones más favorables que las del mercado. Sin embargo, con la venta de las mismas “el Gobierno regional se desentiende del futuro de estas 3.000 familias, cuya suerte depende ahora de un fondo de inversión que adquirió las viviendas por una irrisoria cantidad (67.000 euros de media) y pretende vendérselas a los adjudicatarios de una vivienda social a precio de mercado”, aseguran.

En noviembre pasado varias decenas de ciudadanos presentaron un recurso contencioso administrativo para paralizar el proceso de privatización de vivienda pública a instancias de la PAH de Madrid, la FRAVM y la PAVPS, un recurso que incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados.

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